La actual situación bancaria que ha sobrevenido tras el pasado ciclo económico negativo, no se está viendo acompañada de una mejora en la rentabilidad de los productos financieros, lo que está provocando que los inversores se refugien en otro tipo de activos más estables como inversiones inmobiliarias o adquisición de negocios productivos.
Principalmente, el interés de inversores nacionales e internacionales se centra en la adquisición de inmuebles y unidades productivas en funcionamiento. Esta clase de inversiones promete mayores rentabilidades y menores riesgos, que, por ejemplo, muchos instrumentos de renta variable.
Sin embargo, no hay negocio exento de riego, por lo que en estos supuestos, resulta clave la identificación de las posibles amenazas y su mitigación o evitación en el momento oportuno, para lo que resulta esencial el asesoramiento jurídico previo.
En numerosas ocasiones, una inversión aparentemente rentable y solvente como puede ser la compra de una unidad productiva en funcionamiento (una farmacia, una nave donde se fabrican muebles, etc.) puede dar una sorpresa al nuevo inversor: que tenga que asumir deudas anteriores afectas al negocio impagadas por la empresa que se la vendió o que el vendedor, posteriormente se declare en concurso de acreedores y tenga lugar una acción de reintegración.
Lo que parece una simple compra de inmuebles y maquinaria, sin el asesoramiento adecuado, puede provocar la pérdida de los activos y de la inversión misma. Por tanto, no simplemente nos debe preocupar el análisis financiero previo del negocio, sino que además de establecer las garantías oportunas que permitan proteger nuestra inversión, muchas de las consecuencias que podrían frustrar nuestros planes pueden ser evitados con el debido asesoramiento legal.
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