Si bien el pasado 19 de diciembre entraba en vigor el Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de alquiler y vivienda, cuya principal novedad consistía en ampliar el período mínimo de vigencia de los contratos de arrendamiento de vivienda a cinco años cuando el arrendador era un particular, y siete años en el caso de ser persona jurídica, el meritado Real Decreto ha quedado derogado al no haber alcanzado los apoyos suficientes para su aprobación en el Congreso.
Y ello tiene como consecuencia directa que, al menos hasta que se acuerde una nueva regulación, la normativa aplicable a los nuevos contratos de arrendamiento de vivienda que se pacten a partir del día 23 de enero de 2019 será la que se encontraba vigente con anterioridad a la entrada en vigor del meritado decreto, esto es, nuevamente el plazo mínimo de duración del contrato de arrendamiento será de tres años tanto si el arrendador es persona física como jurídica.
Igualmente ocurre con las restantes medidas acordadas en el citado Real Decreto, ya que al retornar la vigencia de la anterior normativa desaparecen los nuevos límites impuestos a las fianzas, avales y garantías que los propietarios podían solicitar a los arrendatarios, así como la posibilidad de las comunidades de propietarios de acordar la prohibición de destinar el inmueble al arrendamiento de uso turístico.
No obstante, ¿Qué ocurre con los contratos suscritos entre el 19 de diciembre de 2018 y el 22 de enero de 2019? Pues bien, dichos contratos redactados al amparo del meritado Real Decreto quedan afectos al contenido del mismo, esto es, tendrán una duración mínima de cinco años en el caso de ser el arrendador persona física y siete años en el caso de que sea persona jurídica.
Así, tras la derogación del Real Decreto debemos quedar muy atentos a las próximas modificaciones normativas que a buen seguro afectarán tanto a inversores como a los particulares que deseen adquirir una vivienda en régimen de propiedad o de arrendamiento, quienes deben contar con un correcto asesoramiento en aras a proteger sus intereses.
