No hace falta explayarse sobre el notorio impacto que para la salud y nuestra vida diaria ha supuesto la crisis sanitaria del COVID-19, pues por todos es ya tristemente conocido. Tampoco ignora toda persona en activo, empresarios y trabajadores, las consecuencias económicas que han derivado de dicha crisis, lo cual se ha traducido en una multitud de sucesivas y extraordinarias reformas legales durante este tiempo en estado de alarma.
A estas alturas, quien más, quien menos, se habrá visto obligado a realizar ajustes laborales (los afamados ERTE); habrá solicitado, esperemos que con pronto éxito, alguna de las distintas subvenciones autonómicas y locales por cese de actividad o caída de facturación; habrá acudido a las líneas ICO de avales estatales; habrá suspendido o renegociado sus contratos y pasivos financieros; habrá solicitado moratorias fiscales o por cotizaciones.
Pero el estado de alarma parece estar llegando casi a su fin, y en todo caso sus progresivas fases de desescalada invitan igualmente a plantearse una pregunta básica: ¿cómo planificar el regreso a la actividad empresarial?
Esta pregunta no se responde solamente con el dilema económico «abrir o no abrir» el establecimiento, sobre todo en el caso de locales comerciales, sino también preparando una estrategia que permita, sin sobresaltos, conjugar la «nueva» viabilidad empresarial con su plena legalidad. Son varias las aristas que deben abordarse con antelación:
1) Checklist laboral: conocer hasta cuándo puede durar un ERTE según su tipo; cómo realizar incorporaciones parciales; qué ocurre si luego se necesitan adoptar otras medidas laborales; qué implica el compromiso legal de mantener el empleo para evitar sanciones.
2) Checklist contractual: el fin del estado de alarma no es el fin para revisar y reclamar una adecuada renegociación de los derechos y obligaciones de un contrato, bien para adaptarlos, bien para exigir su mantenimiento. Este análisis de derechos y obligaciones es fundamental para tratar de abordar el sobreendeudamiento empresarial, especialmente agudo en las microempresas valencianas, pues casi el 40% se encuentran ya en un estado de deuda excesiva, cifra que se reduce en torno a un 25% para las PYMES, todo ello según datos manejados por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) en su informe sobre el impacto del COVID-19 y la «capacidad de resistencia» de las empresas valencianas emitido a fecha abril de 2020.
3) Checklist administrativo y judicial: el 1 de junio se reanudan los plazos administrativos, y el 4 de junio los plazos procesales. También el 4 de junio se levantará la suspensión sobre los plazos de caducidad y prescripción. Es adecuado adelantarse e ir revisando actuaciones en curso, pendientes de iniciar y/o derechos a reclamar de toda clase.
4) Checklist mercantil: es igual de conveniente que el órgano de administración revise todas aquellas actuaciones que hayan podido quedar pendientes de iniciar o bien suspendidas a raíz del COVID-19. Algunos ejemplos de ello: comprobar obligaciones de disolución societaria o de petición de concurso de acreedores; valorar la formulación o reformulación de las cuentas anuales; examinar convocatorias pendientes de Junta General; estudiar o retomar modificaciones de Estatutos Sociales de cualquier índole. No es aconsejable acomodarse en un régimen transitorio, sin prever su «salida» ordenada. Hay que tratar de optimizar el funcionamiento de la sociedad y con ello reforzar la posición de responsabilidad y diligencia del administrador de la empresa.
En definitiva, por obvio que resulte, no está de más recordar que una adecuada planificación legal ofrece la tranquilidad de que la empresa ha ajustado sus necesidades derivadas del COVID-19, pero no de cualquier forma impredecible en sus posibles consecuencias, sino siguiendo unas pautas de actuación determinadas.
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